En respuesta a cuestionamientos sobre el manejo de un caso específico, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que autoridades estadounidenses han denegado 36 peticiones de detención con fines de extradición provenientes de México, argumentando falta de pruebas suficientes. La mandataria hizo esta declaración durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional este jueves.
Defensa del debido proceso
Sheinbaum enfatizó que un principio fundamental del sistema penal acusatorio es la necesidad de presentar evidencias contundentes antes de iniciar cualquier procedimiento judicial. Criticó que este aspecto central ha sido omitido en el debate público reciente.
“Se les olvida la más importante: pedir pruebas. Ningún ciudadano mexicano, no importa de qué partigo político sea, no importa si es funcionario público o no, debe llevar un juicio justo y si es acusado, debe haber pruebas para acusarlo”, afirmó.
La presidenta sostuvo que el criterio aplicado por el gobierno mexicano es el mismo que Estados Unidos ha utilizado previamente al evaluar las solicitudes de extradición enviadas desde México.
Informe detallado y reciprocidad
Sheinbaum anunció que la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal darán a conocer un informe pormenorizado sobre estos casos la próxima semana. Inicialmente había mencionado 38 expedientes, pero luego precisó que serán 36 los casos que se harán públicos.
Para ilustrar lo que considera una relación asimétrica, planteó una situación hipotética:
“Solo pongamos al revés: que México hubiera pedido la detención de un gobernador en funciones en Estados Unidos con fines de extradición”, señaló.
Con este ejemplo, defendió que la soberanía nacional y el respeto a los procedimientos legales deben aplicarse de manera recíproca en la relación bilateral.
Postura basada en la ley
La jefa del Ejecutivo federal rechazó que la postura de su gobierno esté motivada por afinidades partidistas o políticas, subrayando que las decisiones deben apegarse estrictamente a la Constitución y al debido proceso.
“¿Qué es eso? La ley. No puede ser que usen el Estado de Derecho cuando les conviene y lo escondan cuando quieren dar clases”, declaró en referencia a las críticas de la oposición.
Respondió directamente a quienes acusan al gobierno de proteger al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por su militancia en Morena, asegurando que actuarían de la misma forma si se tratara de un mandatario estatal de cualquier otro partido. Finalmente, reiteró que la defensa de la soberanía nacional, fundamentada en el artículo 39 constitucional, es un principio rector de su administración en temas de cooperación judicial internacional.
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