La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, exigió este 7 de mayo de 2026 al gobierno de Estados Unidos que presente pruebas antes de acusar a funcionarios mexicanos de nexos con el crimen organizado, mientras defendió los logros de su administración en la lucha contra el narcotráfico ante las amenazas de operaciones unilaterales por parte del presidente Donald Trump.
Defensa de resultados en seguridad
Desde Palacio Nacional, Sheinbaum detalló los avances en materia de seguridad pública, entre los que destacó una reducción de casi el 50 por ciento en homicidios dolosos, el desmantelamiento de más de 2,500 laboratorios de narcóticos y una disminución del flujo de fentanilo hacia territorio estadounidense. Subrayó que las detenciones se realizan ahora con carpetas de investigación y evidencias sólidas.
“El diálogo conjunto ha tenido resultados, en el marco del respeto mutuo, porque hemos trabajado conjuntamente en varios temas. Lo que no queremos es que se rompa la confianza mutua”, declaró la mandataria.
Respuesta a acusaciones y condiciones de cooperación
La respuesta de Sheinbaum se dio luego de que el procurador general interino de EE.UU., Todd Blanche, advirtiera el 6 de mayo que la cooperación de líderes del narcotráfico extraditados podría derivar en nuevas acusaciones contra políticos mexicanos, señalando que el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no sería el último.
Frente a estas declaraciones, la presidenta mexicana estableció una condición clara: “Envíen pruebas. Porque el tratado de extradición o de confianza mutua de colaboración tiene que ver con que se envíen pruebas. Nosotros no protegemos a nadie, pero para detener a alguien tiene que cumplirse con la ley mexicana”.
Contexto de presión estadounidense
Las amenazas de Trump y las declaraciones de Blanche se enmarcan en un escenario de presión creciente desde Washington. Ese mismo día, la Casa Blanca publicó la Estrategia Antiterrorista 2026, donde se declara dispuesta a tomar acciones unilaterales contra cárteles en países cuyos gobiernos considere cómplices.
Sheinbaum también planteó contraexigencias al gobierno estadounidense, señalando que México ha entregado a más de 90 personas solicitadas por las autoridades de EE.UU., mientras que Washington no ha correspondido con la extradición de aproximadamente cuatro individuos vinculados al caso de huachicol y dos relacionados con Ayotzinapa. Además, pidió cooperación para reducir el flujo de armas ilegales hacia México, recordando que al menos el 75 por ciento de las armas usadas por el crimen organizado provienen de territorio estadounidense.
Límites de la colaboración bilateral
La titular del Ejecutivo federal reiteró que existe comunicación activa con la Casa Blanca, pero precisó los límites de esa relación. “Hay comunicación con ellos y hay colaboración, hay coordinación. No queremos que haya injerencia, ni intervención, y menos en asuntos políticos, entonces, colaboración en el marco de los cuatro principios”, expresó.
Esta postura es consistente con la que mantuvo durante la cumbre ‘Escudo de las Américas’ en Miami, donde Trump calificó a México como el “epicentro de la violencia” y anunció una coalición militar regional de la que quedó excluido el país.
Escalada de presión y sanciones
El contexto de estas declaraciones incluye meses de presión judicial, diplomática y financiera desde Washington. El 23 de abril de 2026, el Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó a 23 personas y entidades vinculadas a una red de abastecimiento de fentanilo con nexos al Cártel de Sinaloa, organización designada como terrorista desde enero de 2025.
Frente a esta escalada retórica, el gobierno de Sheinbaum sostuvo que la colaboración bilateral avanza con resultados medibles, pero siempre dentro de los límites de la soberanía nacional, insistiendo en que la lucha contra el narcotráfico es una responsabilidad compartida y que México no actuará bajo presión ni permitirá injerencia política.
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