Claudia Sheinbaum, presidenta de México, reaccionó este 27 de abril de 2026 a informes sobre una posible campaña anticorrupción del gobierno estadounidense dirigida a funcionarios mexicanos, exigiendo que cualquier acción de ese tipo se base en pruebas contundentes. Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria afirmó que “lo que tiene que haber es pruebas, cargas y evidencias claras”.
Contexto de la publicación periodística
Las declaraciones de la jefa del Ejecutivo federal se produjeron luego de que el diario Los Angeles Times diera a conocer un reportaje sobre los planes de la administración del presidente Donald Trump. Según la publicación, la ofensiva podría incluir no solo la cancelación de visas sino también presentar acusaciones formales en cortes federales de Estados Unidos contra servidores públicos mexicanos presuntamente vinculados con el crimen organizado.
El embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, ofreció una señal sobre estos planes durante un evento del proyecto Pacífico Mexinol en Sinaloa, donde mencionó que pronto podrían observarse avances importantes en ese ámbito e instó a mantenerse atentos.
Defensa de la soberanía nacional
Sheinbaum fue enfática al señalar que la lucha contra la corrupción dentro del territorio mexicano es responsabilidad exclusiva del gobierno de México, a través de la Fiscalía General de la República y las fiscalías estatales, no de Washington. “Igual que le corresponde a Estados Unidos por actos de corrupción de funcionarios estadounidenses en Estados Unidos. No es un asunto solo de México”, puntualizó.
La presidenta aseguró que su gobierno no protegería a ningún funcionario si existieran evidencias en su contra, pero recalcó que dichas pruebas deben ser examinadas por las autoridades mexicanas competentes.
Precedente y reciprocidad
Para respaldar su postura, la mandataria nacional recordó el caso del general Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de la Defensa Nacional, quien fue detenido en 2020 por la DEA bajo cargos de narcotráfico. En aquella ocasión, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó toda la información a las autoridades estadounidenses, y la respuesta fue que no había pruebas suficientes para sostener los cargos. Tras su regreso a México, la FGR investigó el expediente y determinó que no existía delito que perseguir.
Sheinbaum también advirtió que la exigencia de rendición de cuentas debe ser bilateral. Mencionó que México lleva tiempo solicitando a Estados Unidos la extradición de dos empresarios con doble nacionalidad vinculados al contrabando de combustibles, sin haber obtenido resultados. “Nosotros también pedimos que se entregue a México a empresarios que se dedicaban a una ilegalidad. Y todavía no hay resultados”, subrayó.
Relación diplomática con el embajador
Sobre el embajador Ronald Johnson, la presidenta reconoció que hasta la fecha ha mantenido una relación diplomática y cordial con el gobierno mexicano, y que ha sido útil en temas como el agua y el transporte. Sin embargo, advirtió que si se confirmara una estrategia injerencista por parte del gobierno de Estados Unidos, su administración lo haría saber a través de los canales correspondientes.
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