El incremento del precio internacional del petróleo a más de 100 dólares por barril, derivado del conflicto en Irán, ha generado interrogantes sobre sus efectos en las finanzas públicas mexicanas. Las autoridades federales han declarado que no necesariamente habrá aumentos en el precio de las gasolinas en el país, lo que beneficia directamente a los consumidores.
Consecuencias fiscales del control de precios
Mantener estables los precios de los combustibles cuando el crudo se encarece implica un costo significativo para el erario. Para evitar que el incremento internacional de las gasolinas llegue al consumidor, el Gobierno suele reducir o eliminar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a estos productos, e incluso otorgar subsidios adicionales. Esta medida resulta en que el Estado deje de recaudar un impuesto importante o termine financiando parte del combustible.
En teoría, el aumento de los ingresos petroleros debería compensar la pérdida de recaudación por el IEPS de combustibles. Sin embargo, la experiencia reciente indica que este mecanismo de compensación rara vez funciona como se planea.
Lección del escenario de 2022
Un ejemplo claro ocurrió en 2022, tras la invasión de Rusia a Ucrania, que elevó los precios internacionales del petróleo y los combustibles. Ese año, la Mezcla Mexicana de Exportación (MME) promedió 95 dólares por barril, superando la estimación presupuestal de 68.7 dólares. Gracias a esto, los ingresos petroleros del Gobierno federal alcanzaron 759 mil millones de pesos a precios de 2026, representando un excedente de 319 mil millones de pesos respecto al presupuesto, un aumento del 73 por ciento.
No obstante, debido a los estímulos fiscales y subsidios aplicados, el precio de las gasolinas en México prácticamente no aumentó en 2022, registrando solo un incremento del 8%. En contraste, en Estados Unidos el precio promedio del diésel fue 52 por ciento superior al de 2021, y en Canadá 46 por ciento, según datos del Banco Mundial.
El costo fiscal fue considerable: la recaudación del IEPS de combustibles fue negativa por 94 mil millones de pesos, cuando en el presupuesto se esperaba recaudar 377 mil millones de pesos por este gravamen. La pérdida total frente a lo previsto fue de 471 mil millones de pesos.
Balance neto y comparaciones presupuestales
Al comparar el faltante de 2022 con los 319 mil millones de pesos adicionales de ingresos petroleros, el balance final fue una pérdida neta de 152 mil millones de pesos para las finanzas públicas. Para dimensionar este monto, equivale al 73 por ciento del presupuesto anual de la Secretaría de Salud de ese año. Dicha secretaría terminó el año con un recorte del 5 por ciento de su presupuesto aprobado, mientras que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tuvo un recorte del 42 por ciento y el Poder Judicial de 4.4 por ciento.
Para 2026, el Gobierno federal estima recibir 232.6 mil millones de pesos de ingresos petroleros, lo que representa apenas el 19 por ciento de la renta petrolera total estimada en 1.2 billones de pesos. El restante será ingreso directo para Petróleos Mexicanos (Pemex). Además, se proyectan ingresos de 473.2 mil millones de pesos por IEPS de gasolinas.
En conjunto, estos dos conceptos representarían alrededor de 689 mil millones de pesos de ingresos para el Gobierno federal, monto similar al presupuesto anual de la Secretaría del Bienestar.
Escenarios prospectivos para 2026
Ese cálculo supone que el IEPS se cobre normalmente. Sin embargo, el viernes 13 de marzo, la Secretaría de Hacienda reactivó los estímulos a las gasolinas luego de meses sin aplicarlos. En específico, “perdonó” el 35 por ciento del cobro del diésel. Es decir, de los 7.3 pesos por litro que se pueden cobrar por este combustible, cobró solo 4.7 pesos. En 2026 las cuotas máximas del impuesto son: 6.7 pesos por litro para gasolina premium, 5.6 pesos por litro para gasolina magna y 7.3 pesos por litro para diésel.
Los cálculos siguientes utilizan supuestos simples basados en la experiencia de los últimos años y se fundamentan en las sensibilidades de ingresos publicadas por Hacienda en los Criterios Generales de Política Económica (CGPE). Aunque las proyecciones son con fines ilustrativos, muestran que los estímulos a las gasolinas pueden generar pérdidas fiscales muy significativas, incluso cuando el precio del petróleo es alto.
En un escenario con caída del 5 por ciento en la plataforma petrolera respecto a 2025, precio promedio de 95 dólares por barril para la MME, la Federación recibiendo solo el 19 por ciento de la renta petrolera y el Gobierno subsidiando las gasolinas para que no aumenten de precio, la pérdida neta sería de 529 mil millones de pesos, prácticamente equivalente a todo el presupuesto anual de la Secretaría de Educación Pública, o 3,935 pesos por persona durante 2026.
En otro escenario, con plataforma petrolera igual a 2025, precio de 95 dólares por barril, el Gobierno federal recibiendo el 25 por ciento de la renta petrolera y cerrando el año sin pérdidas en el IEPS, el resultado sería una pérdida neta de 359 mil millones de pesos, equivalente a más del doble del presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional, o 2,672 pesos por persona.
Un tercer escenario, donde la plataforma se mantiene como en 2025, la Federación recibe el 30 por ciento de la renta petrolera y el Gobierno aplica solo la mitad del estímulo al IEPS, resultaría en un aumento en el precio de las gasolinas de aproximadamente 3.3 pesos por litro de premium, 2.8 pesos por litro de magna y 3.7 pesos por litro de diésel. En este caso, el balance final sería una ganancia modesta de 18 mil millones de pesos para las finanzas públicas, pero los consumidores pagarían más por litro de gasolina.
Reflexiones finales sobre la carga económica
Cuando sube el precio del petróleo, el impacto económico termina recayendo de una u otra forma en los ciudadanos. Esto puede ocurrir de manera directa, pagando más por la gasolina, o de manera indirecta, a través de finanzas públicas debilitadas si el Gobierno decide contener los precios mediante estímulos o subsidios.
Por ello, es fundamental que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público transparente sus estimaciones sobre el costo fiscal de estas decisiones. Sobre todo, aclarar: ¿cómo se compensaría el faltante en caso de que exista una pérdida neta para las finanzas públicas? ¿Con mayor recaudación tributaria, con más endeudamiento público o mediante recortes al gasto público? Contar con esta información permitiría que los contribuyentes comprendan mejor las implicaciones de cada alternativa y evalúen con mayor claridad el impacto de esas medidas de política económica en su vida personal.
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