Durante el segundo año de la LXVI Legislatura, la coalición oficialista, encabezada por Morena, consolidó su dominio sobre el Congreso de la Unión, acelerando la aprobación de reformas constitucionales y legales enviadas por el Poder Ejecutivo federal mientras miles de iniciativas presentadas por la oposición quedaron congeladas en comisiones. El periodo comprendido entre septiembre de 2025 y abril de 2026 vio la aprobación de 65 iniciativas federales, de las cuales 32, es decir el 49%, fueron propuestas directamente por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Dominio del proceso legislativo
El análisis de la productividad legislativa revela que el bloque oficialista, integrado por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, concentró más del 63% de las reformas aprobadas en este periodo. En contraste, los partidos de oposición PAN, PRI y Movimiento Ciudadano apenas alcanzaron en conjunto el 36% de las iniciativas convertidas en ley, lo que refleja una capacidad de incidencia cada vez más reducida frente a una mayoría disciplinada.
Entre febrero y abril de 2025, por ejemplo, se aprobaron 15 iniciativas presidenciales, incluyendo 4 reformas constitucionales, 10 legales y 1 administrativa, muchas de las cuales avanzaron prácticamente sin cambios desde su presentación hasta la votación en el pleno. Este mecanismo, conocido como ‘fast track’, dejó de ser una excepción para convertirse en la norma operativa del Congreso.
Control de tiempos y agenda
La operación parlamentaria, encabezada por Ricardo Monreal Ávila en la Cámara de Diputados e Ignacio Mier Velazco en el Senado, no solo dominó las votaciones, sino que también comenzó a controlar los tiempos políticos. Esta disciplina permitió acelerar procesos que antes requerían semanas de negociación, consolidando a la agenda de Palacio Nacional como el centro del trabajo legislativo.
La evidencia más reciente de este control ocurrió este jueves, cuando la Comisión Permanente aprobó convocar un periodo extraordinario de sesiones para discutir reformas electorales y judiciales impulsadas por el gobierno de Sheinbaum y líderes de Morena, que iniciará el 26 de mayo.
La perspectiva de la oposición
Frente a este escenario, la oposición ha mantenido una postura crítica pero con un margen de acción limitado. El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, declaró que su partido nunca respaldará una reforma que, a su juicio, destruye la división de poderes, afirmando que “Ya no existe Legislativo”. Romero señaló que más del 80% de la agenda parlamentaria discutida desde el sexenio anterior proviene de iniciativas del Ejecutivo.
“No politices al Poder Judicial. No rompas la República”, expresó.
Por su parte, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, sostuvo que la discusión representa una oportunidad para revisar integralmente la reforma judicial y corregir deficiencias, particularmente en los mecanismos de elección de juzgadores.
Análisis de especialistas
Para analistas y consultores, este segundo año legislativo confirmó una transformación en el equilibrio de poderes. Carlos Ramírez, consultor senior en Riesgo Político de Integralia Consultores, explicó que las iniciativas presidenciales atraviesan comisiones y plenos con modificaciones mínimas, mientras proyectos similares de legisladores son absorbidos en dictámenes oficiales.
Fernando Ojesto Martínez Porcayo, abogado constitucionalista, señaló que el fenómeno refleja una nueva etapa del presidencialismo mexicano, donde la mayoría calificada de Morena permite acelerar cambios con niveles de resistencia considerablemente menores que en administraciones anteriores con congresos fragmentados.
El reporte especial de Integralia Consultores indica que, del 1 de febrero al 29 de abril de 2026, se presentaron más de 1,900 iniciativas legislativas, el 96% de ellas por diputados y senadores de todas las fuerzas políticas. Sin embargo, la enorme mayoría quedó atrapada en comisiones o sin margen político para convertirse en ley.
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