El gobierno de México enviará al Congreso de la Unión una reforma electoral que busca crear una instancia para que los partidos políticos puedan consultar si sus aspirantes tienen posibles conexiones con el crimen organizado, de cara a los próximos procesos electorales. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció esta iniciativa durante su conferencia de prensa matutina.
Detalles de la iniciativa
La propuesta plantea cambios a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para establecer una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, que dependería del Instituto Nacional Electoral (INE). La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, fue la encargada de presentar los detalles del proyecto, cuyo fin es robustecer los controles internos en el camino hacia las elecciones intermedias del año 2027.
Según lo expuesto, esta nueva comisión estaría compuesta por cinco consejeros electorales que serían designados por el Consejo General del INE para un periodo de tres años. Su función sería servir como enlace entre las fuerzas políticas y las autoridades de seguridad, inteligencia y justicia, como la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Centro Nacional de Inteligencia y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Mecanismo voluntario de consulta
De manera voluntaria, los institutos políticos podrían entregar las listas de sus aspirantes para que el organismo solicite revisiones sobre posibles “riesgos razonables” vinculados a actividades ilícitas. Luisa María Alcalde afirmó que el objetivo es “establecer mecanismos eficaces para que los partidos políticos puedan tomar decisiones con información necesaria para evitar que haya cualquier vínculo con organizaciones criminales”.
Motivación de la propuesta
La presidenta Sheinbaum explicó que esta iniciativa surge después de que, desde el inicio de su administración, se han detectado diversos casos relacionados con autoridades municipales investigadas por presuntos lazos con la delincuencia. Entre los ejemplos citados se encuentran la llamada “Operación Enjambre” en el Estado de México, el caso del alcalde de Teuchitlán, Jalisco, y algunos sucesos recientes registrados en Morelos.
“Son casos aislados, no es una cosa generalizada, pero es importante que, rumbo a la elección de 2027, exista algún mecanismo”, señaló la mandataria.
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