UIF congela cuentas bancarias del gobernador Rocha Moya tras acusaciones de EE.UU.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó durante su conferencia matutina en Palacio Nacional que la Unidad de Inteligencia Financiera…

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó durante su conferencia matutina en Palacio Nacional que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló las cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en una medida que calificó como preventiva.

Medidas automáticas por acusaciones internacionales

Sheinbaum explicó que el bloqueo se realizó de forma automática, en el contexto de una orden de aprehensión emitida por Estados Unidos contra diez personas, incluyendo a Rocha Moya. “Les pregunté (a la UIF), van a sacar un comunicado en un rato, les pedí que los sacaran. Fue de una manera preventiva, ahí se va a explicar en el documento, dado que hay una orden de aprehensión en EE.UU. contra diez personas, los bancos de aquí, como tienen relación con los bancos de allá, toman una serie de medidas y de manera automática preventivamente lo hace la UIF. Son mecanismos automáticos que se dan en cualquiera de los casos”, señaló la mandataria.

Acusaciones de vínculos con el crimen organizado

Las autoridades estadounidenses acusan a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios mexicanos de pertenecer al Cártel de Sinaloa, específicamente a la facción de Los Chapitos. Se les señala por presuntos delitos de narcotráfico y posesión de armas, bajo la sospecha de haber protegido operaciones de dicho grupo criminal a cambio de sobornos millonarios.

Entre los otros señalados se encuentran el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez; el secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz Vega, y el senador morenista Enrique Inzunza.

Entregas voluntarias y ampliación del caso

El viernes 15 de mayo se confirmó que Mérida Sánchez y Díaz Vega se entregaron voluntariamente a las autoridades de Estados Unidos, lo que generó versiones sobre una posible cooperación con fiscales de ese país. Este movimiento ha comenzado a expandir el caso más allá de los presuntos esquemas de protección policial, apuntando ahora hacia el círculo financiero y político del Gobierno de Sinaloa.

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