Este domingo 3 de mayo de 2026, el partido Morena llevará a cabo su VIII Congreso Nacional Extraordinario en el World Trade Center de la Ciudad de México, con el propósito declarado de renovar su comité ejecutivo nacional y modificar sus estatutos internos.
Renovación de la cúpula partidista
La asamblea, que iniciará a las 8 de la mañana, buscará cubrir las vacantes en la presidencia del partido, posición a la que llega Ariadna Montiel luego de su renuncia a la Secretaría de Bienestar el pasado 28 de abril. Se conoce que este movimiento responde a una instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La anterior presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, fue enviada a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, una acción interpretada más como un resguardo para su carrera que como un reconocimiento. Se menciona que Andy López Beltrán, actual secretario de Organización del partido, también podría ser removido de su cargo, luego de formar parte de las conversaciones entre Sheinbaum y el expresidente Andrés Manuel López Obrador durante la crisis generada por el caso de Rubén Rocha Moya.
Depuración interna y casos estatales
El objetivo central del congreso es realizar una limpieza integral en los órganos de dirección del partido, en un contexto donde también está vacante la Secretaría de Finanzas del CEN. Se busca fortalecer la organización de los comités seccionales para brindar un mejor respaldo al gobierno de Sheinbaum, tras los resultados de las asambleas informativas de enero.
Esta depuración incluye atender problemas en estados clave para el oficialismo. Un caso pendiente es el de la dirigente estatal de Morena en Puebla, Olga Romero Garci-Crespo, también identificada como Mónica Caballero Garci-Crespo, quien busca obtener parte de la herencia de la empresaria avícola y porcicultora Socorrito Romero, fallecida en 2009. La morenista promovió un cambio de nombre y apellido para disputar una herencia valorada en alrededor de 600 millones de dólares a su tía Estela Romero Bringas, e interpuso denuncias penales y civiles contra el testamento que la excluyó.
La ofensiva legal por esta herencia la inició desde 2020, cuando presidía la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado de Puebla, contando con apoyo de funcionarios de los poderes Ejecutivo y Judicial para mantenerse como albacea en el juicio sucesorio que promovió en Tehuacán.
Ajustes en la consejería jurídica
Aunque desde Palacio Nacional se ha presentado la salida de Esthela Damián Peralta como preparación para una candidatura en Guerrero, en realidad responde a errores acumulados desde la partida de Ernestina Godoy Ramos, que alertaron al círculo cercano de la presidenta. El más notable fue la omisión de la perspectiva y cuotas de género en el llamado Plan B electoral, un descuido técnico que dio argumentos a la oposición y mostró fallas en el control constitucional.
A esto se sumaron inconsistencias en iniciativas enviadas al Congreso y observaciones jurídicas que fueron aprovechadas políticamente en San Lázaro. Su salida apunta más a recomponer una Consejería debilitada por estos errores, que habían erosionado la narrativa de solidez legal del gobierno, que a una maniobra electoral.
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