Presidenta Sheinbaum impone regulaciones para uso transparente de embajadas mexicanas tras caso de Marcelo Ebrard

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación de lineamientos específicos para regular el uso de las embajadas y consulados de…

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación de lineamientos específicos para regular el uso de las embajadas y consulados de México, luego de la revelación de que el hijo del secretario de Economía permaneció en la legación diplomática en Reino Unido durante seis meses.

Vacío normativo reconocido

La mandataria admitió que actualmente no hay una regulación precisa sobre este tipo de situaciones, lo que obliga a definir con claridad qué está permitido y bajo qué condiciones pueden usarse las instalaciones diplomáticas. Esto ocurre tras conocerse que Marcelo Patrick Ebrard Ramos, hijo del funcionario Marcelo Ebrard, residió en la embajada mexicana en el Reino Unido entre 2021 y 2022.

Instrucciones a la SRE

Sheinbaum instruyó al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, a coordinar esfuerzos con el Comité de Ética y Disciplina del Servicio Exterior Mexicano para actualizar las normas y evitar ambigüedades. Subrayó que estas nuevas disposiciones deberán aplicarse tanto a embajadores como a funcionarios de alto nivel, incluyendo secretarios de Estado, con el objetivo de garantizar un uso institucional y transparente de los espacios diplomáticos.

Origen de la investigación

Sobre el caso específico que detonó la medida, la presidenta explicó que la investigación en curso no fue iniciada por el gobierno federal, sino que derivó de una queja presentada por particulares ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, lo que, conforme a la ley, activa automáticamente un proceso de revisión.

Apoyo y transparencia

Al mismo tiempo, expresó respaldo al desempeño de Marcelo Ebrard, aunque reiteró que será la instancia correspondiente la encargada de determinar si existió o no alguna irregularidad en el uso de la sede diplomática. El caso ha abierto un debate sobre los límites y responsabilidades en el manejo de bienes públicos en el extranjero, y anticipa ajustes normativos para reforzar la transparencia en el servicio exterior mexicano.

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