El Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos admitió el amparo 1459/2024 presentado por la Unión de Telefonistas en Lucha y Resistencia para anular las reelecciones de Francisco Hernández Juárez, quien lleva 50 años al frente del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM). La admisión del recurso, ocurrida el 17 de marzo de 2026, representa un intento por poner a prueba la reforma laboral de 2019 y combatir lo que sus promotores califican como charrismo sindical arraigado.
Desafío a la permanencia sindical
José Cano Miramontes, comisionado de organización de la agrupación disidente, señaló que desde 2019 han presentado múltiples recursos legales sin éxito hasta ahora. “Estamos poniendo a prueba a los nuevos tribunales laborales que resultaron de la reforma del 2019 y que prometieron la democracia sindical”, afirmó, expresando su esperanza en que se avance contra prácticas consideradas antidemocráticas.
Según Cano Miramontes, Hernández Juárez “representa el peor charrismo sindical” y ha logrado alrededor de 10 reelecciones consecutivas, todas consideradas ilegales por violar los estatutos del sindicato que prohíben la reelección. Comparó su permanencia con la del exlíder de la CTM, Fidel Velázquez, quien estuvo 47 años en el cargo, aunque no de forma consecutiva.
Rezago judicial y nueva esperanza
El activista explicó que la demanda fue presentada en 2024, pero el paro judicial derivado de la reforma judicial generó un rezago significativo. “El recurso apenas entró el 17 de este mes, y para nosotros fue algo sorpresivo, porque todas las demandas están atascadas, no avanzan”, detalló, destacando la importancia simbólica y práctica de que finalmente se haya admitido el caso.
Nueva alianza sindical por la democracia
En paralelo, la Unión de Telefonistas en Lucha y Resistencia, junto con trabajadores electricistas, petroleros, empleados del gobierno de la Ciudad de México y de RTP, se constituyeron formalmente como la Unión Sindical Alternativa por la Democracia, Libertad y Justicia Laboral. El acto tuvo lugar en la Universidad Obrera durante una Asamblea Constitutiva, marcando un esfuerzo coordinado por impulsar cambios estructurales en los sindicatos mexicanos.
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