La presidenta Claudia Sheinbaum desmintió categóricamente las declaraciones de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien aseguró que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) estaba al tanto de la presencia de agentes estadounidenses en un operativo donde murieron dos funcionarios de la CIA y dos investigadores locales. Durante su conferencia matutina, Sheinbaum afirmó que la versión del gobierno estatal es falsa y que el Ejército mexicano participó sin saber que había ciudadanos de Estados Unidos involucrados.
Detalles del operativo y violación a la ley
El incidente ocurrió el domingo por la madrugada cuando un convoy, que regresaba de destruir laboratorios de cárteles en una zona serrana de Chihuahua, cayó a un barranco y su vehículo explotó. La mandataria señaló que la falla principal recae en el gobierno de Chihuahua por gestionar colaboración con una agencia extranjera sin notificar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, como lo exige la Ley de Seguridad Nacional.
Sheinbaum leyó parte de la ley en la mañanera y subrayó que las autoridades deben abstenerse de realizar gestiones directas ante autoridades distintas de la Cancillería en materia de seguridad nacional.
Medidas anunciadas y defensa de la soberanía
Como consecuencia, la presidenta anunció tres medidas: instruyó al Consejo de Seguridad a enviar un comunicado a todos los gobernadores recordando el marco legal, solicitó información al embajador de Estados Unidos sobre las condiciones de operación de los agentes, e intentó contactar personalmente a la gobernadora Campos para pedirle explicaciones.
Sheinbaum también respondió a la presión de la Casa Blanca, que pidió empatía tras la muerte de los estadounidenses. Aclaró que expresó sus condolencias personalmente al embajador, pero separó ese gesto humano del debate jurídico, enfatizando que “la soberanía es inviolable. Eso no está a debate.”
Consecuencias políticas y citación del Senado
El Senado de la República ya citó a comparecer a la gobernadora Campos y al fiscal estatal. Sheinbaum respaldó esa decisión y no descartó posibles sanciones, aunque aclaró que la determinación final corresponde a la propia gobernadora y al Poder Legislativo. Finalizó su intervención señalando que “Cumplir con la ley no es opcional” y que la Ley de Seguridad Nacional es tan clara que no admite interpretaciones.
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